Artículo de opinión de María Teresa Guardiola, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Valencia
Valencia. Dice la Carta Fundacional de la Organización Mundial de la Salud que: «El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social». Y añade que «el derecho a la salud obliga a los estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible».
Este derecho está reconocido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos y en la mayoría de las constituciones de los estados. En el caso español, es el artículo 43 de la Constitución el que reconoce el derecho a la protección de la salud.
Finalmente, para no ser exhaustiva, todas las instituciones de la Unión Europea están desarrollando numerosas políticas para hacer efectivo este derecho desde el principio al final de la vida de las personas.
Y ahí está el quid de la cuestión: para que esos elevados principios no se queden sólo en buenos propósitos, es necesario garantizar su efectiva aplicación. Y esa garantía sólo puede venir de una decidida acción de las instituciones públicas, pero también del compromiso de los profesionales de la salud, responsables últimos de que los ciudadanos vean cumplido ese derecho inalienable a la salud.
En este sentido, nadie puede tener la más mínima duda de que las oficinas de farmacia, consideradas como establecimientos sanitarios por la vigente Ley General de Sanidad, han cumplido perfectísimamente su papel en la parte que les corresponde, que es la custodia, conservación y dispensación de medicamentos a la población.
Y no sólo eso: han ido muchísimo más allá en el desarrollo y aplicación de protocolos de Atención Farmacéutica, en continuas campañas de información y formación de los ciudadanos, en su ejemplar expansión por todo el territorio, desde la ciudad más grande hasta el municipio más pequeño y, por qué no decirlo, financiando al Estado y a las autonomías el coste de los medicamentos para hacer viable el modelo.
Así pues, los farmacéuticos españoles son esencialmente profesionales que prestan un servicio público de primera necesidad a los ciudadanos, que garantizan ese derecho a la salud del que hablaba al principio. Y, por ello, la contraprestación de sus servicios no puede ser considerada como una factura, sino como una Nómina profesional de la que, además, dependen otras muchas nóminas que también contribuyen a garantizar el derecho a la salud: la de los adjuntos y auxiliares, las de la Distribución y las de los Laboratorios.
Toda esa cadena depende de que la Administración abone rigurosamente esa nómina, como lo hace con todo el resto de profesionales que también garantizan el derecho a la salud: médicos, enfermeros, radiólogos, farmacéuticos de hospital, anestesistas, analistas, etc.
Porque si la oficina de farmacia no cobra su nómina todos los meses a través del Concierto no puede pagar las nóminas de los demás y entonces se inicia una cadena de acontecimientos muy fácil de predecir: las farmacias no podrán seguir comprando los medicamentos a los almacenes de Distribución y estos no podrán pagar a los laboratorios que les suministran. Y al final, todos los buenos deseos de la OMS, de la Constitución, de la Declaración de los Derechos Humanos, se quedarán sólo en eso: en buenos deseos.
La Farmacia es uno de los pilares de la Sanidad que garantiza en el Estado de Bienestar el derecho a un bien esencial que es el medicamento y a la Atención Farmacéutica.
Los farmacéuticos, y en este caso especialmente las oficinas de farmacia, seguiremos gestionando el futuro e incorporando mejoras. Seguiremos garantizando, en la parte que nos corresponde, el derecho a la salud y el bienestar de todos los ciudadanos. Sólo pedimos que no se nos haga más complicada todavía esa difícil tarea y que se nos abone lo más puntualmente posible la contraprestación a ese esfuerzo.
Fuente: Redfarmacéutica/ Las provincias
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